ECUADOR: CRISIS FINANCIERA Y FENÓMENO MIGRATORIO EN LA DÉCADA DE LOS 90s

ECUADOR: CRISIS FINANCIERA Y FENÓMENO MIGRATORIO EN LA DÉCADA DE LOS 90s

  

   El nuevo proceso de modernización de la economía ecuatoriana fue un tardío e inconsciente reflejo del paradigma dominante, el conjunto de reformas estructurales comenzó de forma acelerada en el 1992 en el gobierno de Sixto Duran Ballén el cual inicio un proceso de apertura de la economía y del fortalecimiento del mercado que debilitara a su vez insistentemente al sector público y rechazaba todo lo que  escapara a la lógica del mercado.

     En 1992 el país se retiró de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP). Con la ley de presupuestos exped ía ese mismo año, se centralizo la administración y el control de los recursos del sector público, restándole autonomía de inversiones a Petroecuador, la empresa petrolera estatal, lo cual traería consecuencias nefastas en el futuro al producir una rápida declinación de la extracción petrolera nacional, lo que a su vez sería una justificación para tratas de privatizar los campos petroleros del Estado.

     Por otro lado, las reformas a la ley de Régimen Monetario del mismo año, aun en el Gobierno del doctor Borja, prohibían al Banco Central financiar a las instituciones del Estado. Se crea una nueva Ley de Régimen del Sector Eléctrico, así como una Ley de Telecomunicaciones orientadas a romper el monopolio del Estado en el suministro de estos servicios públicos.

  En el 1998 la nueva constitución de la República elevo a principios constitucionales a muchos de los fundamentos del neoliberalismo, tales como la privatización de servicios públicos  o la desregulación de la inversión extranjera.  Ese mismo año se hacen evidentes los efectos acumulados de la situación económica del país y su alto endeudamiento.    El fenómeno del Niño ocasionó un estancamiento en la producción agrícola, mientras que la recesión de la economía originó una acumulación de obligaciones vencidas en el sistema financiero, aumentando la deuda de los empresarios con créditos internacionales.

     El incremento acelerado de la cartera vencida producto de la depresión de los negocios, unida a una situación de crisis fiscal provocó que el público comenzara a sacar dinero de los bancos, con el objeto de protegerse en dólares, con ello la banca privada tuvo que recurrir a créditos del Banco Central para conseguir liquidez.

      Este último hecho unido al incremento de la cartera vencida, dejó al sistema financiero en una situación precaria.

     Desde el punto de vista social, la crisis de 1999 constituyo uno de los procesos de empobrecimiento más acelerados de la historia de América Latina. Entre los años 1995 y 1999 la población en situación de pobreza extrema paso de 4,2 a 5,54 millones de personas, mientras que la población en pobreza extrema paso a 1,45 a 2,1 millones de personas (INEC, varios años). La otra cara de la pobreza, la concentración de la riqueza, también aumento. Aunque en la segunda mitad de la década de los noventa ya se presentaba un fenómeno emigratorio de grandes magnitudes, debido al fracaso de la política el económicas y sociales aplicadas durante este periodo, este problema se aceleró a partir de la crisis de 1999. 

     Uno de los efectos económicos como consecuencia de la emigración de los ciudadanos a varios países, inmediatos de la emigración ha sido la recepción de crecientes sumas de dinero enviadas por las personas que han salido del país, las mismas que contribuyeron a reducir los efectos más agudos de la crisis. Si bien el Estado no se beneficia directamente de las remesas, estas contribuyen indirectamente a disminuir las cargas sociales, dando mayores recursos para atender las demandas de los acreedores.

     En 2000 en medio de la más dura crisis económica que vivió el país en décadas, destacó la participación del movimiento indígena, que empezó a asumir protagonismo desde la primera ‘toma’ de Quito en 1990.

     Ya para el año 2000, el movimiento indígena se había empoderado y mantenía una agenda de reivindicaciones de soberanía indígena, autonomía jurídica y plurinacionalidad. Una serie de huelgas y protestas contra los regímenes neoliberales de los años noventa definieron el tinte de la lucha indígena.